Recientemente, se desató un motín en la cárcel de Devoto, donde los reclusos alzaron su voz en contra de la decisión del Ministerio de Seguridad de la Nación de cerrar los centros educativos en los penales federales. Esta revuelta, que tuvo lugar en los pabellones 1 y 5, se tradujo en disturbios que incluyeron el incendio de colchones y la exhibición de pancartas en las ventanas.
El hecho ocurrió durante la noche del martes y se extendió por más de una hora y media, generando preocupación entre las autoridades carcelarias. Hasta ahora, no se han reportado heridos, pero se prevé que los internos continúen sus manifestaciones durante la noche siguiente.
Contexto del motín: el cierre de centros educativos
El motín fue una respuesta a la reciente publicación en el Boletín Oficial que oficializaba el cierre de los centros de estudiantes dentro del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Este cambio ha suscitado un intenso debate sobre el acceso a la educación dentro de las cárceles y su impacto en la reinserción social de los internos.
La decisión del Ministerio se basa en la idea de que la existencia de centros educativos interfiere con el principal objetivo del sistema penitenciario: la readaptación social de los reclusos. Según el organismo, el tiempo que los internos dedican a actividades educativas impide que cumplan con tareas obligatorias que son esenciales para su reintegración.
La postura oficial sobre la educación en prisión
La Resolución 372/2025, que respalda esta decisión, sostiene que la asistencia a los centros educativos excedía el tiempo permitido y afectaba las normas de progresividad del sistema penitenciario. Esto, según el Ministerio, complicaba el cumplimiento de los tratamientos individualizados que son obligatorios por ley.
A pesar de estas preocupaciones, el Ministerio reconoce que la educación es un derecho fundamental, amparado por diversas leyes y tratados internacionales. Esto crea un dilema sobre cómo equilibrar la necesidad de educación con las exigencias del régimen penitenciario.
Impacto de la eliminación de los centros educativos
La eliminación de estos centros educativos ha generado un descontento significativo entre los internos, quienes argumentan que su derecho a la educación está siendo vulnerado. Las pancartas que colgaron durante el motín, como Tenemos derecho a la educación 1985-2025, reflejan su deseo de continuar con sus estudios y mejorar sus perspectivas futuras.
En este contexto, es fundamental considerar cómo se puede garantizar el acceso a la educación mientras se cumplen las obligaciones del sistema penitenciario. La pregunta que surge es: ¿Cómo puede el sistema penitenciario encontrar un equilibrio entre la educación y la reinserción social?
Un futuro incierto para la educación en cárceles
La educación en prisión es un derecho que ha sido respaldado por legislaciones como las leyes 24.660, 26.206, 26.058 y 24.521. Sin embargo, la reciente resolución del Ministerio ha generado un clima de incertidumbre sobre cómo se implementarán los programas educativos en el futuro.
Los internos organizados en centros de estudiantes argumentan que estas estructuras son vitales para su desarrollo personal y académico. La situación actual plantea un desafío no solo para las autoridades carcelarias, sino también para la sociedad en su conjunto: ¿Estamos dispuestos a privar a los reclusos de una oportunidad de educación que podría contribuir a su reinserción social?
La situación en la cárcel de Devoto resalta la necesidad de un diálogo constructivo entre las autoridades y los internos, buscando soluciones que respeten los derechos humanos y fomenten la reinserción. La educación no solo debe ser vista como un privilegio, sino como un derecho fundamental que puede transformar vidas.
Te invitamos a reflexionar sobre este tema tan relevante y a explorar más sobre cómo el acceso a la educación puede cambiar el panorama carcelario y beneficiar a la sociedad en su conjunto. Comparte este contenido y sumérgete en la discusión sobre los derechos educativos en las cárceles.
